Organizaciones sociales colombianas denuncian asesinatos sistemáticos de líderes comunitarios y defensores de derechos humanos.
La ausencia de «garantías de seguridad para los líderes sociales y las comunidades», así como el incumplimiento por parte del Gobierno colombiano de los acuerdos de paz logrados con las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia (FARC), han dado origen a un paro nacional convocado desde este 23 de octubre por organizaciones sociales de esa nación latinoamericana, publicó ‘El Espectador’.
Representantes de organizaciones sociales de 12 departamentos colombianos acusaron al Gobierno del presidenteJuan Manuel Santos de no dar cumplimiento al programa de sustitución voluntaria de cultivos y, por otro lado, lo responsabilizan de imponer la erradicación violenta, lo que deviene en violación de derechos humanos yasesinatos de líderes sociales por grupos paramilitares.
Son sistemáticos
En lo que va de año, más de 120 líderes sociales y defensores de los derechos humanos han sido asesinados en Colombia, pero el Estado se niega a reconocer que se trata de un plan, declaró David Flores, vocero nacional de la organización Marcha Patriótica, una de las convocantes al paro.
Entrevistado por RT indicó que «cuando las autoridades niegan esta realidad, intentan tapar el sol con un dedo. Es evidente para Colombia y la comunidad internacional que lo que viene sucediendo con los líderes sociales es más que sistemático». Una situación de inseguridad, agregó Flores, que se siente con especial crudeza en las zonas campesinas colombianas.
«Estamos solicitando al Gobierno nacional que se abra un compás de diálogo inmediato con los campesinos, para que se puedan abordar los temas más urgentes», señaló el vocero de Marcha patriótica. Esos temas son:
- Incumplimiento gubernamental de los acuerdos de paz.
- Falta de garantías para los líderes sociales colombianos, a los que vienen asesinando sistemáticamente.
- Ausencia de avance en la sustitución de cultivos ilícitos y reforma agraria.
Para la Marcha Patriótica, los acuerdos de paz no avanzan debido al boicot de varios sectores, entre los que se cuentan: «la extrema derecha colombiana (encabezada por Álvaro Uribe), el fiscal general de la Nación y grupos económicos que se han beneficiado históricamente de la guerra y la expropiación de tierra, y los que le cierran el paso a otras opciones políticas», dijo David Flores.
Impunidad
Refiriéndose a los asesinatos de líderes sociales, varias organizaciones colombianas de derechos humanos entregaron recientemente un informe a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en el que reclaman la inacción de la justicia de su país.
«Una primera situación se refiere a la falta de investigación», ya que existe «una impunidad cercana al 90%». «Más de la mitad se encuentra apenas en etapa de indagación, es decir, sin investigación formal», precisa el informe.
Los organismos colombianos de derechos humanos denuncian que «la Fiscalía se niega a abordar los ataques como acciones sistemáticas», dice el texto.
De igual forma, el documento cuestiona la escasa actuación judicial con respecto a los grupos paramilitares. Sobre ese particular apunta que «el fortalecimiento del paramilitarismo se explica en parte por la falta histórica de investigación de sus apoyos».
También los guerrilleros
El ahora partido político FARC, sumado también al paro, condena la ausencia de controles en las zonas donde están sus tropas, hoy desmovilizadas y en las que se registran asesinatos.
En opinión de Freddy Muñoz Altamiranda, periodista y documentalista colombiano, «los acuerdos de paz están empantanados. Alrededor de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) debería funcionar un anillo de seguridad tripartito que no cumple su misión de controlar al paramilitarismo».
Dijo a RT que los grupos paramilitares «siguen operando al amparo de cuadros de las fuerzas armadas». Además, calificó de lamentable que el Gobierno y los medios colombianos intenten disfrazar la realidad «llamando ‘grupo armado no identificado’ a los ‘paracos'».
Los cultivos en la mira
A pesar de los señalamientos en su contra, el presidente Juan Manuel Santos declaró el pasado 21 de octubre que «la sustitución de cultivos ilícitos es prioridad para el Gobierno (…) ya hay 29 veredas donde está funcionando el programa», informó Caracol Radio.
Consultado sobre la razón del paro nacional, que tiene como epicentro las zonas campesinas de Colombia, el periodista Freddy Muñoz precisó que el acuerdo de sustituir cultivos de coca por otros rubos alimenticios, así como la entrega de tierras, enfrenta a los pequeños productores con las fuerzas del orden.
«El acuerdo de paz es muy preciso: el campesino debe proceder a la sustracción manual de las plantaciones de coca, para sustituirlas por cultivos de ‘pancoger’ (cultivos que satisfacen necesidades alimentarias), lo que le permitiría al pequeño productor del campo tomar posesión inmediata de la tierra mediante la siembra», explica Muñoz Altamiranda.
Subrayó que el Gobierno pretende erradicar los cultivos sacando a los campesinos, «lo que facilita que esas tierras tomadas ‘custodiadas’ por el Ejército sean devueltas o entregadas a terratenientes».
El documentalista considera que en el sur de Colombia urge sustituir los sembradíos de coca por especies quegaranticen la alimentación de sus pobladores.
«En las zonas de sembradíos de coca solo hay eso, coca… y dólares. Y la comida es ‘putamente’ cara», detalla. «Un plato de arroz puede costar 100.000 pesos (unos 33 dólares)», en un país en el que el sueldo mínimo es de 737.717 pesos (247,73 dólares).